⛔Sufragio restringido
Solo vota quien aprueba el examen.
- Arregla
- Elimina el voto a ciegas.
- Rompe
- Quita el voto a millones de personas, normalmente las menos favorecidas.
¿Y si solo votara quien conoce los programas y lo que cada partido cumplió de lo prometido?
Versión 1.0 · 11 nov 2026
Votar bien exige saber qué se prometió y qué se hizo. No siempre ocurre.
Cómo debería funcionar el voto retrospectivo y cómo falla a veces. Achen y Bartels recopilan estudios que muestran que los votantes castigan a quien gobierna incluso por sucesos que no dependen de él, como sequías o ataques de tiburón.
Fuente: Achen y Bartels, Democracy for Realists (Princeton UP, 2016). Confianza: media-alta; es un resultado debatido (hay críticos que creen que el libro es demasiado pesimista).
Jason Brennan, defensor de la «epistocracia», propone tres. Todas parten de un examen de conocimiento político.
Solo vota quien aprueba el examen.
Todos votan, pero quien aprueba pesa más.
Un grupo sorteado se forma y vota por todos.
Una trampa común a las tres: quien redacta el examen elige al electorado. Si el examen pregunta por programas y por promesas cumplidas, alguien tiene que decidir qué cuenta como «promesa» y cómo se mide «cumplida». En España no existe hoy un contador oficial de promesas.
Brennan admite que quienes aprobarían serían más ricos y más formados que la media, y responde que la democracia actual ya es injusta de ese modo. Fuente: reseña de la Seattle Review of Books sobre Against Democracy (Princeton UP, 2016). Confianza: media (fuente secundaria).
Y ahora, la parte donde el examen suspende: la Constitución.
Tres obstáculos, de menor a mayor peso.
1. El texto dice «universal».
Art. 23.1: representantes «libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal». Art. 68.1: Congreso «elegido por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto».
2. Cambiarlo es de lo más difícil. El artículo 23 está en la sección protegida por el artículo 168. Así habría que hacerlo:
Fuente: Constitución Española, arts. 23, 68, 167 y 168 (BOE). Que el art. 23 esté en la sección primera del capítulo segundo (arts. 15 a 29) es una lectura de su ubicación; confianza alta.
3. La ONU lo considera irrazonable. El Comité de Derechos Humanos interpreta así el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
«No es razonable […] imponer requisitos o restricciones relacionados con la capacidad para leer y escribir, el nivel de instrucción o la situación económica.»
Fuente: Comité de Derechos Humanos, Observación general 25 (1996), párrafo 10. No es vinculante, pero es la interpretación autorizada de un tratado que España ratificó y que el art. 10.2 de la Constitución manda usar para interpretar los derechos. Confianza: alta en el texto; media en su peso jurídico.
La historia ya probó este camino. En Estados Unidos, los tests de lectura se aplicaron tras la Reconstrucción para impedir el voto de ciudadanos negros en el Sur.
Fuente: Britannica, «literacy test»; EBSCO Research Starters. Confianza: alta en las fechas.
Y España va en sentido contrario: en 2018 devolvió el voto a las personas con discapacidad que lo habían perdido por incapacitación judicial.
Fuente: Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre (BOE n.º 294, 6-12-2018). Confianza: alta.
Valoración de RatioC, sin medición propia. Los semáforos indican en qué medida cada remedio cumple el criterio.
Fuentes: Comisión Electoral Australiana (Senado 2022); Dassonneville y otros, Citizens Under Compulsory Voting. En España el voto se configura como derecho (art. 23); hace falta un análisis jurídico propio. Confianza: media-baja.
Caso: Irlanda 2016-17, 99 ciudadanos sorteados en cinco fines de semana; el referéndum de 2018 se aprobó con alrededor de dos de cada tres votos. Fuentes: Electoral Reform Society; Consejo de Europa. Confianza: alta en los hechos; media en la causa.
Posición de RatioC, no consenso. Se puede discrepar.
Un «boletín electoral» comparable y verificable, por ley orgánica. Ninguna prueba de acceso al voto; todo el que vote, vota.
Por qué ley orgánica: la Ley Orgánica 5/1985 (régimen electoral general) se modifica por mayoría absoluta del Congreso (art. 81 de la Constitución), frente a los dos tercios, la disolución y el referéndum del examen. Coste: sin estimar; no hay cifra con fuente.
Artículo único. Se añade a la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, un artículo [número a determinar]:
«Información electoral comparable.
Borrador sin revisar por ningún letrado de las Cortes. Pendiente decidir el organismo y su blindaje de independencia.