Dónde estamos: nota alta, con goteras
Según la Comisión Europea, España supera la media en los dos indicadores de servicios públicos
digitales de la Década Digital.
Servicios públicos digitales, puntuación de 0 a 100 (2025)
Ciudadanos · España
91,9
Ciudadanos · UE
84,6
Empresas · España
95,3
Empresas · UE
88,6
El objetivo europeo para 2030 es 100 en ambos. Mide qué parte de los pasos de un trámite se puede
hacer entera en línea, no si el trámite funciona bien ni si la gente lo usa.
Fuente: Comisión Europea, Digital Decade Country Report 2026: Spain (junio de 2026), datos de
2025. El método de la serie es el del eGovernment Benchmark: compradores misteriosos que recorren
los trámites en línea (en la edición de 2025, 14.104 sitios web y 98 servicios de 9 momentos
vitales de los 27 Estados). Confianza: alta en el dato; media en lo que mide.
Por dentro, el reparto no es uniforme. Entre los servicios para ciudadanos, los locales
sacan la mejor nota y los estatales y autonómicos, la peor. Y mudarse es el momento
vital que peor sale.
Ayuntamientos
96,1
Estado
87,9
Comunidades
86,8
Familia
98,9
Estudiar
98,5
Salud
89,0
Carrera profesional
85,9
Mudarse
81,7
Lectura de RatioC: mudarse suele obligar a tratar con varias administraciones a la vez; es una
hipótesis, la Comisión no lo explica así.
Fuente: Comisión Europea, Digital Decade Country Report 2026: Spain, apartado de servicios
públicos digitales. Las barras por nivel de gobierno son del indicador «ciudadanos nacionales»; la
Comisión no da la media europea por nivel. Confianza: alta en el dato.
En el ranking de la OCDE, España está en el tramo alto, pero no en cabeza. Índice de
Gobierno Digital 2025: 11.º puesto, con 0,75 frente a 0,70 de media, cuatro puestos más
que en 2023. La dimensión más floja es la apertura de datos por defecto.
Digital por diseño
0,82
Basado en datos
0,82
Proactividad
0,78
Gobierno plataforma
0,74
Centrado en el usuario
0,73
Abierto por defecto
0,63
La línea discontinua marca la media global de la OCDE (0,70).
Fuente: Observatorio de Administración Electrónica (Gobierno de España), resumen del Índice de
Gobierno Digital 2025 de la OCDE. Como referencia, Portugal se sitúa 3.º de 42 países con 86 %, según su propio Gobierno.
Confianza: media (fuente secundaria y parte evaluada).
Y los españoles lo usan. El 80,7 % de las personas de 16 a 74 años contactó con alguna
administración por internet en el último año; el 96,3 % usó internet en los últimos tres meses. Pero
el 66,5 % tiene habilidades digitales básicas (UE: 60,4 %): alrededor de uno de cada tres no
las tiene.
Fuentes: INE, Encuesta TIC en los hogares 2025 (trabajo de campo de marzo a julio de 2025; uso en los
12 meses previos); Comisión Europea, Digital Decade Country Report 2026 (habilidades: último dato
disponible con referencia 2023). La Comisión da otra cifra de uso de la administración electrónica
(83,4 % frente a 76,0 % en la UE) con otra base. Confianza: alta en los datos.
Lo que la ley ya dice (y no es poco)
Antes de pedir otra ley, conviene ver cuánta hay. Resumen de lo verificado en el BOE y en el Diario
Oficial de la UE.
📄Derecho a no aportar lo que ya obra en la Administración
Ley 39/2015, art. 28.2: los interesados «tienen derecho a no aportar documentos
que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración».
La Administración los recaba por vía electrónica salvo oposición del interesado (que no cabe en
procedimientos sancionadores ni de inspección). Si no puede obtenerlos, «podrá solicitar
nuevamente al interesado su aportación» (art. 28.3). El Real Decreto 203/2021 (arts. 61 y 62)
desarrolla las plataformas de intermediación de datos y exige que sean interoperables entre sí.
Fuentes: BOE, Ley 39/2015 (texto consolidado; arts. 28.2 y 28.3 según la LO 3/2018) y Real
Decreto 203/2021. Confianza: alta.
🤝Obligación de las administraciones de darse los datos
Ley 40/2015, art. 155.1: cada Administración «deberá facilitar el acceso» a las demás a
los datos de los interesados que obren en su poder. El art. 157.3 obliga a consultar el directorio
de aplicaciones y a reutilizar una solución ya existente, salvo justificación de eficiencia.
Fuente: BOE, Ley 40/2015 (texto consolidado). Confianza: alta.
🚪Quién está obligado a ir en línea y quién puede elegir
Ley 39/2015, art. 14: las personas jurídicas están obligadas a relacionarse por vía
electrónica; las personas físicas pueden elegir en todo momento (art. 14.1), salvo que un
reglamento imponga la obligación a colectivos con medios acreditados (art. 14.3). Las
administraciones deben asistirles en el uso de medios electrónicos (arts. 12 y 13.b).
Matiz: el Real Decreto 203/2021 (art. 4) lista los canales de asistencia, entre ellos el
presencial, pero pide que se preste por «alguno o algunos» de ellos. No obliga a todos.
Fuentes: BOE, Ley 39/2015 y Real Decreto 203/2021. Confianza: alta.
⏱️Plazos y silencio
Ley 39/2015, art. 21: el plazo máximo lo fija la norma de cada procedimiento, hasta seis meses salvo
ley o Derecho de la UE; si no lo fija, tres meses. Art. 24: la regla general es el
silencio positivo, con excepciones (derecho de petición, dominio público, medio ambiente,
responsabilidad patrimonial, recursos).
Fuente: BOE, Ley 39/2015. Confianza: alta.
🇪🇺Lo que añade Europa
-
«Solo una vez» entre países. El Reglamento (UE) 2018/1724 crea un sistema técnico para
intercambiar pruebas entre autoridades de distintos Estados, solo a petición expresa del
usuario; sus apartados 1 a 8 y 10 del art. 14 se aplican desde el 12 de diciembre de 2023. En
la medición de 2024 aún no había implantaciones en funcionamiento en la UE.
-
Cartera de identidad digital. El Reglamento (UE) 2024/1183 obliga a cada Estado a
ofrecer al menos una cartera europea de identidad digital en los 24 meses siguientes a la
entrada en vigor de los actos de ejecución. La Comisión la sitúa «a finales de 2026». Su uso
será voluntario para el ciudadano.
-
Justicia, aparte. La Ley Orgánica 1/2025 (eficiencia del servicio público de justicia)
regula lo suyo; no hemos localizado una ley general de Administración digital en tramitación.
Fuentes: EUR-Lex, Reglamentos (UE) 2018/1724 y 2024/1183; Comisión Europea (página del Reglamento
EUDI); Capgemini y otros para la Comisión, eGovernment Benchmark 2025; BOE, LO 1/2025. Confianza:
alta en los textos; media en el estado de implantación.
El hueco no está en el texto, está en el seguimiento. El derecho existe desde 2016. Lo que
no encontramos es cuánto se cumple, ni qué pasa si un órgano pide igualmente el papel.
La ley dice
No hay que aportar lo que la Administración ya tiene
→
No consta
Cuántos trámites lo piden igual, ni qué consecuencia tiene
Lectura de RatioC a partir de los textos citados: el art. 28 reconoce el derecho pero no fija plazo
ni consecuencia expresa por incumplirlo, y no hemos localizado estadística pública de cumplimiento.
Confianza: media (ausencia de dato, no prueba de incumplimiento).
Cuánto vale hacerlo bien: más pruebas de dirección que de cuantía
Hemos buscado ahorros medidos. Lo que hay son estimaciones previas y cifras que cada país da de sí
mismo.
Estimación europea, antes de aplicar la norma. La Comisión calculó que la pasarela digital
única ahorrará a las empresas de toda la UE
entre 11 y 55 mil millones de euros al año y a los ciudadanos 855.000 horas al año.
03060 mil millones €/año
Fuente: Comisión Europea, REFIT Scoreboard, propuesta COM(2017) 256 (2 de mayo de 2017), sin cambios
en el texto final. Es una estimación previa para toda la UE; la ficha no explica el método ni el
reparto por país. Confianza: baja. No sirve para atribuir una cifra a España.
En España, lo que se mide hoy son las normas nuevas, no las cargas que ya existen.
21.859.206 €
cargas reducidas por la normativa estatal de 2024
649.583 €
cargas nuevas en esa misma normativa
Fuente: Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, seguimiento de la
compensación de cargas administrativas («one in, one out») 2024; solo la Administración General del
Estado, con excepciones. Confianza:
media. Es una medida de flujo anual de las normas, no del coste total de los trámites.
Una lección del Reino Unido, el país del «gobierno digital» de manual: su Tribunal de
Cuentas (NAO) avisó en 2023 de que el Gobierno no conoce los costes ocultos de sus servicios
antiguos, de que solo el 4 % de sus funcionarios son profesionales digitales (el sector
privado, entre el 8 % y el 12 %) y de que, según un análisis inicial, solo el 10 % de los servicios
alcanzaba el nivel «excelente».
Fuente: National Audit Office, Digital transformation in government: addressing the barriers to
efficiency (marzo de 2023), resumen. Estimaciones de la oficina digital y de datos del Gobierno
británico (CDDO). Confianza: alta en que lo dicen; media en las cifras.
Qué proponemos: medir, exigir y dejar siempre una puerta
Posición de RatioC, no consenso. Se puede discrepar.
Propuesta de RatioC
Que «una sola vez» deje de ser una promesa y pase a ser un derecho exigible, con
plazo y consecuencia, medido en público, y acompañado de una vía no digital que funcione.
-
1
Medir primero. Una línea base pública: qué parte de los trámites sigue pidiendo datos que
ya obran en la Administración, y cuánto tarda cada una en obtenerlos.
-
2
Hacer exigible el art. 28. Si el órgano pide igualmente el dato, el requerimiento no
perjudica al interesado, y el órgano tiene un plazo para recabarlo. Es la pieza con articulado
(abajo).
-
3
Calendario de interoperabilidad. Cada Administración publica qué datos que posee pone a
disposición de las demás y por qué plataforma; las que no, explican por qué y cuándo.
-
4
Una puerta no digital que funcione. Atención presencial o telefónica con plazo máximo de
espera, y que la cita previa no sea la única vía de acceso. Nadie queda excluido de un trámite
por no poder hacerlo en línea.
Cómo sabremos si funciona (hipótesis). Si el derecho se hace exigible, la parte de trámites
que piden datos ya en poder de la Administración baja en 24 meses y no aumentan las quejas por falta
de atención presencial. Meta numérica: a determinar con la línea base. Si la línea base no
se puede construir, se descarta el punto 2 hasta tenerla.
Qué no proponemos: una ley general de «Administración digital», porque los textos ya existen y
falta medir y exigir. Coste: sin estimar; no hay cifra con fuente.
Borrador de texto legal (para discusión)
Artículo único. Se añade un apartado [8, numeración a determinar] al artículo 28 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
«8. Derecho exigible a no aportar datos que ya obran en poder de las Administraciones.
-
Cuando se exija al interesado un dato o documento comprendido en los apartados 2 y 3, y el órgano
pueda recabarlo electrónicamente, el requerimiento no producirá efectos en perjuicio del
interesado y no podrá fundar la inadmisión, el archivo ni la denegación de su solicitud.
-
El órgano recabará el dato en el plazo de [X] días hábiles desde que lo necesite. Ese tiempo [no
suspenderá / suspenderá, a determinar] el plazo máximo para resolver.
-
La infracción de los apartados anteriores dará lugar a [consecuencia a determinar: p. ej.,
responsabilidad disciplinaria del titular del órgano, o efecto sobre el silencio], sin perjuicio de
lo previsto en los apartados 2 y 3 sobre oposición del interesado y procedimientos sancionadores o
de inspección.
-
[Organismo a designar] publicará cada año, por Administración, el porcentaje de procedimientos que
requieren datos ya disponibles y el tiempo medio de obtención, con metodología pública.
-
Disposición transitoria: las Administraciones dispondrán de [24 meses, a determinar] para adaptar
sus procedimientos.»
Borrador sin revisar por ningún letrado. Pendiente: encaje con el régimen de invalidez de los actos,
con la protección de datos (el art. 28 fue reformado por una ley orgánica, la LO 3/2018) y con la
competencia de las comunidades; decidir si exige rango de ley orgánica.
Riesgos que la propuesta no elimina
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👵
Brecha digital: uno de cada tres adultos no tiene habilidades digitales básicas. Por eso el punto 4 es parte del paquete, no un añadido.
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🛡️
Ciberseguridad: más datos conectados ofrecen más superficie de ataque y exigen seguridad desde el diseño.
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🔒
Dependencia de proveedores: sin estándares abiertos, interoperar puede acabar atando a una sola empresa.
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⚖️
Datos personales: reutilizar datos entre administraciones requiere base legal y trazabilidad (ya prevista en el art. 61 del Real Decreto 203/2021).